La demanda del crimen

La demanda del crimen

¿Cuánta droga se consume, y cuánta hay para venderse o distribuir? De estos factores depende la cantidad de dinero generado por el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos establecido en las pasadas columnas que Puerto Rico se caracteriza más como un territorio de distribución de drogas, y menos como ente de consumo. Esto nos dice que nuestra lucha contra este mal debe enfocarse, a mayor escala, en cómo llegan y salen esas drogas de la Isla, pero también en la demanda local.

En nuestro hemisferio, Belice, República Dominicana, Puerto Rico, Haití y, sobre todo, México, sirven de intermediarios entre los productores (Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela) y el consumidor principal, Estados Unidos. En México, como todos sabemos, hay una guerra en la frontera con EE.UU. generada por el narcotráfico. Y en la medida que aumente la protección en la frontera para lidiar con este problema, México irá perdiendo supremacía como puente de trasiego a EE.UU., y los narcotraficantes buscarán otras alternativas.
Entre las opciones de rutas alternas, estamos nosotros. Por tanto, tenemos que atender el asunto con fuerza e inmediatez. El primer paso es reducir la demanda local de la droga, a la vez que eliminamos lo más posible el atractivo o el lucro de traficar drogas en la Isla. No existe una fórmula instantánea o mágica para lograr estos objetivos, pero sí podemos implantar estrategias a corto, mediano y largo plazo, que nos ayudarán a erradicar lo más posible ese gran mal.

A corto y mediano plazo, tenemos primeramente que empoderar a los policías y capacitarlos para operar más efectiva y eficientemente en las calles. Esto se logra reenfocando el rol de nuestra uniformada para que se dedique totalmente a una labor medular: bajar la actividad criminal. La realidad es que solo entre el 10% y 20% del tiempo de trabajo del policía está disponible para combatir el crimen directamente, porque el resto del tiempo se le ocupa en tareas burocráticas; en el procesamiento de formularios y otra papelería. Esto no es único en Puerto Rico; muchos otros países se ha encontrado con el mismo problema, y lo han resuelto reduciendo al mínimo la burocracia para los oficiales. Es tan sencillo como preguntarnos si queremos personas diestras en llenar formularios, o profesionales diestros en combatir el crimen. Entiendo que la contestación a esta pregunta es clara.

Otro aspecto que debemos atender sin demora es la inestabilidad institucional que causan en la Policía los vaivenes políticos cada cuatro años. Necesitamos una Policía que esté inmune a la polarización político partidista que impone un plan anticrimen distinto cada vez que hay cambio de gobierno. Tenemos que darle mayor autonomía a la Policía para que pueda desempeñar su labor en base a una plataforma de consistencia y filosofía medular de combatir un mal común, no para responder a jefes políticos o a la reelección del gobierno de turno. En este sentido, se ha propuesto nombrar al Superintendente por un periodo de 10 años, lo que ciertamente ayudaría, pero esto por sí solo no sería la única alternativa.

De otra parte, también debemos establecer la estrategia inmediata, y altamente efectiva, de aumentar el riesgo (o las consecuencias negativas) que conlleva el consumo y la distribución de narcóticos. Muchos de los crímenes en la Isla tienen muy poca consecuencia, si alguna, para los criminales. En Puerto Rico, solo se procesa un 33% de los sujetos arrestados por crímenes: ¡solo 1 de cada 3 (presuntos) criminales llegan siquiera a una vista! El por ciento es aún menor luego de ser procesados; y hasta los que son encontrados culpables saben que seguramente saldrán antes de tiempo. El riesgo de dedicarse a una vida de crimen o de consumo de drogas es bajo, hasta para aquellos que eventualmente son atrapados. Para reducir el incentivo de usar (y/o traficar) drogas, se necesita estipular que el 100% de los casos que tenga que ver algo con drogas sean procesados y llevados hasta sus últimas consecuencias.

No obstante, las soluciones más sólidas al crimen y el narcotráfico se logran a largo plazo, trabajando para ayudar desde temprana edad a niños y jóvenes que pudieran estar en mayor riesgo de dedicarse a una vida de crimen o drogas. Se ha demostrado que el riesgo de convertirse en consumidor de drogas puede ser radicalmente alterado en los primeros 5 años de vida. Avances en la ciencia del comportamiento también nos aleccionan que podemos identificar jóvenes de alta vulnerabilidad: niños que son eje de burlas; que no son cuidados por sus padres; jóvenes con récord de crímenes menores; aquellos cuyos padres eran usuarios de alcohol o drogas ilícitas; y aquellos con problemas de salud mental. Al enfocarnos científicamente en esos sectores de la sociedad que históricamente han tenido problemas con el consumo y distribución de drogas, maximizamos el esfuerzo de un programa de intervención temprana. En Puerto Rico, muy lamentablemente, hay muy poca inversión en esta población de niños en etapas cruciales de su desarrollo, relativo a nuestros homólogos en los estados. Para estos niños y jóvenes de alto riesgo, tenemos que establecer un plan de identificación e intervención inmediata.

Si reducimos la demanda, creamos una sociedad donde la vasta mayoría de las personas nunca usarían drogas ilícitas, lo que genera un ambiente menos propicio al ingreso de los narcotraficantes. Pero, en el contexto de Puerto Rico, el consumo es una parte mucho más pequeña que la distribución y el tráfico hacia EE.UU. De hecho, se ha estimado que el 23% de la droga ilícita en EE.UU. proviene de Puerto Rico. Esto sugiere que algunas de las propuestas de legalizar las drogas no rendirán tanto fruto en Puerto Rico porque el problema de violencia estriba no tanto en el consumo, sino en el tráfico.

En la próxima columna, atenderemos detalladamente el asunto medular del narcotráfico en Puerto Rico: la oferta y el transporte.

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